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La Ley 2/2023 de Protección de las Personas que informen sobre Infracciones Normativas, que transpone la Directiva Europea de Whistleblowing, obliga a las empresas privadas con 50 o más trabajadores a disponer de un canal interno de denuncias anónimo.
El incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta 1.000.000 de euros para la empresa y hasta 200.000 euros para sus responsables directos.
Diseñamos e implementamos el canal conforme a la Ley 2/2023: selección de la herramienta, redacción de la política interna, definición del proceso de investigación y formación del responsable del canal.
Te ayudamos a definir e implementar un canal seguro, confidencial y adaptado a los requisitos de la Ley 2/2023, con procedimientos claros para la recepción, gestión y seguimiento de comunicaciones.
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Josep Tarradellas 49 08195 Sant Cugat del Valles