La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España son las principales autoridades que regulan y supervisan el cumplimiento del Reglamento MiCA (Mercados de Criptoactivos).

La CNMV se encarga de supervisar la aplicación de MiCA y el Banco de España ejerce funciones de supervisión, inspección y sanción en relación con las obligaciones reglamentarias, especialmente para los emisores de tokens referenciados a activos y tokens de dinero electrónico. 

Clase 1 - Depósito de 50.000 EUR:

Autorizado para los siguientes servicios de criptoactivos:

1. Ejecución de órdenes en nombre de clientes;
2. Colocación de criptoactivos;
3. Prestación de servicios de transferencia de criptoactivos en nombre de clientes;
4. Recepción y transmisión de órdenes de criptoactivos en nombre de clientes;
5. Asesoramiento sobre criptoactivos; y
6. Gestión de carteras de criptoactivos.

Clase 2 - Depósito de 125.000 EUR:

Autorizado para cualquier servicio de criptoactivos de la clase 1 y:

1. Custodia y administración de criptoactivos en nombre de clientes;
2. Intercambio de criptoactivos por fondos; y
3. Intercambio de criptoactivos por otros criptoactivos.

Clase 3 - Depósito de 150.000 EUR:

Autorizado para cualquier servicio de criptoactivos de la clase 2 y:

1. Operación de una plataforma de negociación de criptoactivos.

Sí.

Además de los requisitos de capital, MICA exige que los CASP mantengan una protección basada en sus gastos generales fijos del año anterior. En concreto, los proveedores deben contar con recursos financieros equivalentes a al menos una cuarta parte de sus gastos generales fijos, que se revisarán anualmente.

Para los CASP que llevan menos de un año operando, los gastos generales fijos se calculan con base en sus gastos proyectados para los primeros 12 meses, según lo presentado durante su solicitud de autorización.

Para garantizar que los gastos generales fijos reflejen únicamente los costes operativos esenciales, MICA establece ciertas deducciones de los gastos totales que los CASP deben aplicar al calcular sus gastos generales fijos.

MiCA no define los "gastos generales fijos", pero ESMA adopta una metodología para calcularlos.

Los gastos generales fijos equivalen a: Gastos totales menos Costes variables.

Los gastos generales fijos incluyen:

• Salarios y alquileres;
• Infraestructura de TI y gastos operativos;
• Primas de seguros;
• Suministros y arrendamiento de equipos;
• Depreciación y amortización;
• Costes de gestión no vinculados al rendimiento;

Se excluyen de los gastos generales fijos:

• Honorarios o comisiones pagadas directamente a clientes o agentes;
• Bonos vinculados a ingresos o actividad comercial;
• Remuneración discrecional: También se deducen las asignaciones totalmente discrecionales de beneficios u otra remuneración variable;
• Gastos no recurrentes: Se excluyen del cálculo los gastos que no forman parte de las actividades ordinarias.

Sí.

Los CASP más pequeños pueden aprovechar la cobertura de seguro como una estrategia práctica para cumplir con los requisitos de gastos generales fijos de MiCA. Al obtener pólizas de seguro adecuadas, estas empresas pueden gestionar y mitigar las obligaciones de gastos generales sin depender completamente de sus reservas de capital. Este método facilita el cumplimiento normativo y preserva la estabilidad financiera.

Para los CASP con liquidez limitada, el seguro ofrece una alternativa viable que ayuda a cumplir con las obligaciones de MiCA y promueve el crecimiento a largo plazo y la eficiencia operativa.

Actualmente, casi ninguna aseguradora ofrece esta solución, pero Virtuopay se ha asociado con una correduría de seguros.

Las empresas registradas en la CNMV como proveedores de servicios de moneda virtual bajo la Ley Antiblanqueo de Capitales, a partir del 30 de diciembre de 2024, pueden continuar sus operaciones hasta el 1 de julio de 2026 sin necesidad de una licencia MiCA completa. Este período de gracia les permite adaptarse al próximo marco regulatorio mediante el establecimiento de políticas internas, el cumplimiento de los umbrales de capital y el establecimiento de estructuras de cumplimiento.

Después del 1 de julio de 2026, todas las empresas de criptomonedas que deseen operar legalmente en España o utilizar el régimen de pasaporte de la UE deberán obtener una licencia MiCA.

Las empresas registradas entre el 30 de diciembre de 2024 y el 8 de julio de 2025 (fecha de entrada en vigor de la nueva ley) deberán solicitar una licencia en un plazo de 3 meses. El plazo comienza el 8 de julio de 2025.

No.

La Ley española transpone íntegramente los requisitos de la MiCA sin modificaciones significativas. Los plazos de concesión de licencias, el capital, la gobernanza, la normativa AML/KYC, la ciberseguridad, la protección y la idoneidad se ajustan al Reglamento (UE) 2023/1114 de la UE.

No.

A diferencia de algunos proyectos de ley, la ley aprobada en Bulgaria elimina la "denegación tácita": la falta de respuesta no equivale a una denegación. La FSC debe cumplir los plazos de aprobación definidos por MiCA y no puede imponer rechazos de facto por silencio.